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Cada empresa tiene su punto de partida, su sector y su cultura. Nuestro trabajo es adaptarnos a esa realidad y diseñar soluciones que cumplan con la ley y generen un impacto real en las personas.
La igualdad no es solo una obligación legal. Es una decisión estratégica que hace mejores a las empresas.
La normativa española en materia de igualdad no para de crecer — planes de igualdad, registros retributivos, auditorías salariales, protocolos de acoso, medidas LGTBI — y la Inspección de Trabajo intensifica su actividad. Nuestro equipo te acompaña en el diseño, implantación y seguimiento de todas estas obligaciones, con rigor técnico y un enfoque que va más allá del mero cumplimiento.
LO 3/2007 · RD 901/2020 · RD 902/2020 · Ley 10/2022 · Ley 4/2023 · RD 1026/2024
Planes que se ejecutan, con medidas reales adaptadas a tu organización
Del diagnóstico al registro en REGCON, la formación y el seguimiento
Obligatorio para empresas de 50 o más personas trabajadoras. Le acompañamos en todo el proceso: diagnóstico de situación en las áreas que marca el RD 901/2020, negociación con la RLT, elaboración del plan con objetivos y medidas concretas, registro en REGCON y seguimiento periódico del cumplimiento.
El registro retributivo es obligatorio para todas las empresas sin excepción; la auditoría retributiva, para las que tienen plan de igualdad. Elaboramos ambos documentos conforme al RD 902/2020, incluyendo la valoración de puestos de trabajo con criterios analíticos objetivos y el plan de actuación para corregir brechas.
Obligatorio para todas las empresas independientemente de su tamaño. Diseñamos protocolos completos frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación e identidad de género, Comisión de Acoso e implantamos procedimiento de denuncia, proceso de investigación y régimen sancionador.
Obligatorio desde enero de 2025 para empresas con más de 50 personas trabajadoras (Ley 4/2023 y RD 1026/2024). Acompañamos la constitución de la comisión negociadora, el diseño de las medidas planificadas y la elaboración del protocolo de acompañamiento trans.
Impartimos formación para comisiones negociadoras, talleres de sensibilización en igualdad de género para toda la plantilla y programas de liderazgo inclusivo para dirección y mandos intermedios.
Te hacemos un diagnóstico rápido de su situación y te indicamos exactamente qué obligaciones le afectan.
Sin compromiso.
En Palomo Consultores entendemos de primera mano la realidad del tejido empresarial de nuestro territorio. Si tu empresa se encuentra en alguna de estas localidades de las Terres de l’Ebre y alrededores, estamos a tu lado para guiarte:
Cuéntanos dónde quiere llevar tu empresa. Te ayudaremos a trazar el camino.
Según el RD 901/2020, todas las empresas que cuenten con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla están legalmente obligadas a elaborar, negociar con la representación de los trabajadores y registrar su Plan de Igualdad en el registro público REGCON. El incumplimiento de esta obligación acarrea multas severas de la Inspección de Trabajo.
Sí, sin excepciones. El Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva establece que el Registro Salarial o Retributivo es obligatorio para todas las empresas de España, independientemente de su tamaño (desde un solo trabajador contratado). Debe actualizarse de forma anual y estar a disposición tanto de la Inspección como de la plantilla.
La Ley 4/2023 y el posterior reglamento de desarrollo (RD 1026/2024) establecen que a partir de enero de 2025, todas las empresas con más de 50 trabajadores deben disponer de un conjunto planificado de medidas y recursos para garantizar la igualdad real de las personas LGTBI, incluyendo un protocolo de actuación para la atención de situaciones de acoso o violencia contra el colectivo, y un protocolo de acompañamiento trans.
No tener un Protocolo de Prevención del Acoso es considerado una infracción grave o muy grave por la LISOS (Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social). Las multas oscilan entre los 7.500 € y los 225.018 €, además de la pérdida inmediata de cualquier bonificación de la Seguridad Social y la prohibición de contratar con el sector público.